FAC-USO-Asturias reclama la llegada del test rápido de coronavirus a instituciones penitenciarias

El domingo 5 de abril, el Principado recibió la primera gran partida de pruebas rápidas de detección del coronavirus covid-19 y el lunes 6 comenzó a realizarlas en residencias de mayores y hospitales. “Sin embargo, diez días después, siguen sin hacerse test en la cárcel de Asturias. Por su doble confinamiento y por la salud precaria de algunos reclusos, especialmente en ciertos módulos, son personas de riesgo ante la enfermedad. El no establecer un control de los contagios en los funcionarios de instituciones penitenciarias, que son quienes pueden contagiarse en el exterior, expone a los internos”, explica Gustavo Alonso, responsable del Sector AGE en USO-Asturias.

Por ello, la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO, ha registrado “un escrito a la delegada del Gobierno en Asturias solicitando que se realicen las pruebas rápidas con urgencia en la cárcel de Asturias y que se complete la dotación de equipos individuales de protección. Según el Gobierno, el funcionariado de instituciones penitenciarias es imprescindible, pero no recibe esa consideración en cuanto a protección propia y la de aquellos a los que custodia”, lamenta Alonso.

Durante el confinamiento por el coronavirus han aumentado los incidentes en la cárcel de Asturias

A ello, FAC-USO-Asturias ha sumado la petición de mayores garantías de seguridad, no solo en cuanto a los problemas de salud derivados del coronavirus. “Los incidentes, que ya son habituales en instituciones penitenciarias por la propia naturaleza de la labor, se están agravando con la suspensión de las comunicaciones con familiares y de las actividades cotidianas en el interior”, visibiliza el responsable de AGE de USO-Asturias.

Por último, FAC-USO requiere un “protocolo claro de actuación en la cárcel de Asturias. Es necesario evitar el contagio de los funcionarios por ellos y por sus familiares. Y también porque un contagio masivo en unas instalaciones de estas características complicaría aún más la situación tan compleja de las instituciones penitenciarias”.