Alu Ibérica: la Audiencia Nacional decreta la administración judicial
La Audiencia Nacional decreta en un auto la administración judicial de Alu Ibérica, apartando al Grupo Riesgo de la gestión de las plantas de Avilés y A Coruña
La Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que decreta la administración judicial de las plantas de Alu Ibérica en Avilés y A Coruña.
USO, UGT, CCOO y Confederación de Cuadros y Profesionales presentaron demanda penal contra las empresas implicadas (Grupo Alcoa, Iberian Green Aluminium Company antigua System capital Management, Alu Holding SL, Alu IIberica A Coruña y Alu Ibérica Avilés) tanto por el posible fraude en el proceso de ERE y posterior proceso de venta de ambas factorías como por los graves incumplimientos y fraudes en la gestión, dirigida a beneficiarse de forma impropia, despatrimonializando los recursos de ambas factorías, generando un serio perjuicio a los trabajadores al no mantener la actividad industrial de ambas factorías.
El auto emitido por el Juzgado de Instrucción Nº3 de la Audiencia Nacional, a falta de dictar sentencia, refrenda la demanda presentada por los sindicatos, los informes remitidos tanto por los interventores como los realizados por la UDEF y dan como probados las acciones por parte de los responsables de Alu Ibérica que las organizaciones sindicales han denunciado sistemáticamente, tanto judicialmente como ante la opinión publica:
- Los actuales gestores representan un obstáculo real, cierto y serio para la viabilidad, llegando a impedir la posibilidad de conocer, incluso, su estado de solvencia económica.
- La continuidad de los actuales administradores en la gestión de las sociedades intervenidas puede suponer un riesgo para la protección del patrimonio de dichas sociedades y despatrimonialización de las empresas y los centros de producción.
- Los trabajadores de la empresa pueden verse perjudicados y resultar afectados por las prácticas, sujetas a investigación, de los actuales gestores y administradores.
El auto recoge la solicitud sindical de apartar totalmente de la gestión de las plantas alumineras a los compradores y actuales gestores, para asegurar la protección del patrimonio de las sociedades intervenidas, así como de los derechos de los trabajadores. Así pasa de la medida cautelar de intervención judicial a una medida cautelar de administración judicial que asumirá la gestión mercantil removiendo a los actuales gestores de sus actuales responsabilidades.
"Las organizaciones sindicales instamos a que se acelere este proceso poniéndonos a disposición del administrador judicial para garantizar el objetivo fundamental de todas las partes, reactivar la actividad industrial como máxima garantía mantenimiento de empleo en el sector estratégico de producción aluminio primario", defienden los sindicatos en una nota conjunta.
Actuación fraudulenta por parte del Grupo Alcoa
En ese mismo comunicado conjunto, los sindicatos vuelven a denunciar la actuación fraudulenta por parte del Grupo Alcoa, que ha incumplido el acuerdo alcanzado en el ERE de 2019 y posterior proceso de venta, desentendiéndose totalmente de sus obligaciones y compromisos adquiridos pues, tal como recoge el auto, no ha verificado que la parte compradora cumpliera con los compromisos de inversión adquiridos por las partes. Por ello las organizaciones sindicales entienden necesario que, una vez finalice el proceso judicial, ambas factorías deben volver a formar parte Grupo Alcoa y garantizar el futuro actividad industrial y del empleo.
Inacción por parte del Ministerio de Industria
Por otro lado, los sindicatos denuncian también la inacción por parte del Ministerio de Industria en todo el proceso, ya que las únicas medidas judiciales y sindicales han venido desde la parte social.
Por ello, los sindicatos reclaman que, de forma inmediata, el Ministerio tome el control de las plantas de Alu Ibérica a través de los mecanismos que sean oportunos, para garantizar su viabilidad, "algo en lo que hasta ahora también se ha puesto de perfil y ha hecho oídos sordos, dejando a los trabajadores abandonados a su suerte".
En este sentido, solicitan al Ministerio de Industria la convocatoria urgente de la Mesa Industrial para el Mantenimiento de la Actividad en las Comarcas de Avilés y A Coruña, como marco en el que acordar la estrategia que garantice la continuidad de los puestos de trabajo y el futuro de las comarcas en las que se encuentran las plantas en Avilés y A Coruña.
De igual forma exigen a las distintas Administraciones que supervisaron el proceso fallido, y presuntamente fraudulento de las plantas, que adopten cuantas medidas sean necesarias para garantizar la viabilidad y la continuidad de los puestos de trabajo, tal y como se comprometieron a lo largo del proceso de venta de las plantas de Avilés y A Coruña.
