Malestar entre los trabajadores de Alu Ibérica-Avilés e Industria por la venta de Parter a Riesgo
Sorpresa desagradable para los trabajadores de la antigua planta de Alcoa en Avilés, ahora bajo la marca "Alu Ibérica", al conocer la venta del 75% por parte de Parter Capital Group a Grupo Industrial Riesgo. "Ni por fondo ni por formas. Este cambio de manos se ha producido sin debate, sin consenso y sin el respaldo necesario de todas las partes involucradas en una operación de estas características", lamenta Ángel Marqués, delegado de USO en el comité de Alu Ibérica-Avilés.
En este sentido, "no se trata de decir si es bueno o malo. No conocemos a los nuevos propietarios, no podemos juzgar su proyecto porque ni lo hemos visto. La venta final entre Alcoa y Parter fue avalada por el Gobierno a través del Ministerio de Industria. En esa compraventa, se adoptaron compromisos entre los agentes implicados que tienen que seguir vigentes. Sin embargo, los representantes legales de los trabajadores, tanto los comités de Avilés y A Coruña, como las secciones sindicales y las federaciones de Industria a nivel estatal, que capitanearon los duros meses de negociación, no han sido informados de este cambio", continúa el delegado de USO.
Asimismo, la Federación de Industria de USO, pone sobre la mesa muchas dudas en torno a este proceso. Por ejemplo, "si el Ministerio de Industria conocía la operación, si disponen del contrato de compraventa, cuál es el plan industrial con el que aterriza el Grupo Industrial Riesgo y, sobre todo, qué inversiones plantea para garantizar todo el empleo y las condiciones sociolaborales de las plantillas", enumera Raúl Montoya, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de FI-USO.
FI-USO exige la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del acuerdo de compraventa
"El secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco, siempre ha defendido la fluidez, la comunicación y la transparencia en las operaciones. Algo que en estos momentos echamos en falta. Queremos saber qué medidas pretende llevar a cabo el Ministerio junto con los gobiernos regionales, el Principado y la Xunta, para que se cumpla con lo pactado el 31 de julio del año pasado. Exigimos una convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento de ese acuerdo para velar por él y por el respeto a los trabajadores afectados", insta Montoya.
