USO reclama una oferta amplia para acabar con la temporalidad pública
USO-Asturias reclama al Principado una oferta amplia de plazas en los procesos de estabilización para acabar con la temporalidad pública
FAC-USO Asturias reclama que, a 1 de junio, como fecha límite, el Principado oferte las plazas que han de someterse a los distintos procesos de estabilización para acabar con la temporalidad en la Administración pública. USO-Asturias demanda que en estos procesos de estabilización se incluyan, no solamente aquellas plazas que marca la ley, sino que, como ya ocurre en otras comunidades, la oferta sea lo más amplia posible, pudiendo fijar como fecha de plaza vacante el 30 de diciembre de 2021 o, incluso, el momento en que se publique la oferta de empleo (anterior a 1 de junio de 2022).
“Llegados al momento actual y en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, el Principado de Asturias debe ponerse manos a la obra para paliar e ir encauzando el problema de la excesiva temporalidad por parte de las Administraciones públicas”, reivindica Gustavo Alonso, miembro del Comité Coordinador de FAC-USO Asturias.
Desde FAC-USO Asturias también quieren matizar las declaraciones realizadas por el consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, en el que afirma que no hay sentencias judiciales que señalen abuso por parte de la Administración en la contratación de personal temporal.
Desde FAC-USO Asturias consideran que el consejero falta a la verdad o la cuenta a medias, ya que se está refiriendo a personal funcionario interino, y que los tribunales sí dictaron sentencias judiciales, en el ámbito del personal laboral, en el que ratificaban dicho abuso con la forma empleada de contratación.
“Otra cuestión es el cómo se materializaba la sanción, siendo en la mayoría de los casos con la conversión de dicho personal temporal en la figura de indefinidos no fijos. FAC-USO considera que los tribunales de justicia están siendo excesivamente tibios a la hora de penalizar los abusos cometidos por las Administraciones a la hora de sancionar este tipo de prácticas, ignorando la Directiva europea 1999 / 70, con el consiguiente perjuicio personal a las personas que están en dicha situación de incertidumbre laboral y, por consiguiente, personal y familiar”, aclara Alonso.
